El déficit de tarifa eléctrica en España

El déficit de tarifa eléctrica en España

El déficit tarifario – diferencia generada porque los ingresos no cubren los costes -, representa en España casi el 2% del PIB, unos 20.000 millones de euros, los cuales deberán ser pagados por todos los ciudadanos a las empresas eléctricas - cálculos realizados durante 10 años entre el coste real de la electricidad y lo que pagan los usuarios cada mes particulares y empresas.

Al haberse reconocido más déficit, las eléctricas cobrarían 4.000 millones más por el agujero eléctrico en los próximos 15 años.

Los problemas del sistema eléctrico español se acumulan:

• Crecimiento imparable del déficit de tarifa y de las primas de energías renovables
• Encarecimiento del precio de la electricidad
• Paralización de la industria solar y eólica por la inseguridad jurídica respecto del cobro de las primas
• Guerra abierta en el sector del carbón
• Infrautilización de centrales de ciclo combinado
• Inutilidad de los mecanismos de fijación de precios
• Inseguridad del sector nuclear ante la política gubernamental proclive al cierre anticipado de las centrales nucleares.

El problema reside en el mecanismo por el cual se produce el déficit con independencia de que su cobro quede embalsado y aplazado con la plena garantía del Estado sobre el 100% e su monto en cada momento.

- El déficit está vinculado a la volatilidad de los combustibles fósiles.

La principal responsabilidad del déficit de tarifa es la no adaptación de los ingresos a la volatilidad de los precios de la energía.

Desde un punto de vista macroeconómico, el déficit comercial tiene mucho que ver con la importancia de materias primas energéticas. A España le costó el 2010 un total de 6.000 millones de euros (el equivalente a la inversión del sector público en I+D+i).

Los incrementos de la tarifa han estado asociados a los precios de la energía eléctrica, que se recogen en las subastas trimestrales de energía y marcan el precio para el siguiente periodo.

En el 2010, el déficit comercial español aumentó el 4,2% debido fundamentalmente a la losa que supuso el encarecimiento del precio del petróleo. Este incremento del déficit contrasta con la caída de 2009, cuando se redujo en 58% por la falta de demanda interna y el descenso de las importaciones.

- Mercados de crédito

Debido a las turbulencias en los mercados de crédito, se hace más difícil conseguir préstamos, sobre todo para la modalidad empleada con frecuencia hasta el año 2007, el project finance  con un gran apalancamiento o endeudamiento financiero cuya devolución depende de que se cumplan los ingresos previstos en el plan de negocio.

Ante esta nueva realidad, las empresas pueden solventar el gap mediante la aportación de nuevos fondos propios o, lo más difícil, mediante la obtención de nueva financiación que se sume a la ya existente. Pueden también refinanciar el endeudamiento para reprogramar la amortización, acompasándola a la nueva situación.

- Dependencia energética

En España, la dependencia energética del exterior - importaciones de energía consumida – se acerca al 80%. Además, las variaciones en el precio del crudo afectan más a la inflación española que a otros países europeos, por el mayor peso de los productos derivados del petróleo en la cesta de compra nacional.

Las emisiones de la deuda tarifaria

En abril 2009, el gobierno legisla por la vía de urgencia el Real Decreto (RD) Ley 6/2009, anunciando que el equilibrio deficitario se alcanzaría en 2013 (ver gráfica) y advirtiendo el creciente déficit tarifario, pero debió pasar casi un año hasta que no se han planteado medidas específicas.

El 23 de diciembre de 2010 se recurre de nuevo vía urgencia al Real decreto ley 14/2010 para desdecir lo dicho antes entonces, manteniendo la fecha 2013 para la desaparición del déficit, pero reconociendo que el desequilibrio acumulado hasta esa fecha alcanzará los 20.000 millones de euros. El Estado permite así que el desajuste del déficit para 2010 llegue nada menos que a los 2.500 millones de euros.

Tanto el citado Real Decreto como el reciente RD Ley 14/2010, que insiste en el tratamiento específico de cada tecnología en su exposición de motivos, atribuyen el problema de déficit a aquellas instalaciones que han tenido un crecimiento significativo (principalmente las de Régimen Especial) y que, por este motivo, han producido un incremento de las inversiones en redes de transporte y distribución.

 

Según cálculos, se necesitaría un incremento entre el 15% y el 20% de la parte regulada del recibo de electricidad para cumplir con la propuesta de acabar con el déficit en 2013.

Para captar dinero con el que resarcir a las eléctricas, el Gobierno empezó a emitir desde el 2011 bonos con aval de Estado. Se aprobó a finales de diciembre 2010 una reforma del sector eléctrico que incluía ampliar los límites legales del déficit de tarifa, de tal forma que así dejaría de incumplir el decreto que pretendía contener este problema. Así, los nuevos límites son de 5.500 millones para el 2011, 3.000 millones para el 2012 y 1.500 millones de euros para el 2013.

El Tesoro público está colocando la deuda del déficit de tarifa con un coste más elevado que lo que tienen que pagar las propias eléctricas por financiarse.

A continuación se muestra las cuatro emisiones otorgadas por el Tesoro Público: “Emisión de la deuda del FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico)”

2011	Importe	Plazo [años]	Precio cupón
	En millones de euros
11 enero	2.000	3	4,8%
15 febrero	2.000	5	5,0%
22 marzo	2.000	10	5,9%
11 mayo	1.000	7	5,6%

No deja de sorprender que los mercados exijan una mayor rentabilidad a títulos avalados por el Estado que a aquellos otros que emites los propios grupos energéticos - El Estado paga más por la deuda con que cubre el déficit de tarifa que Iberdrola y Gas Natural en sus últimas emisiones.

Las emisiones futuras se realizarán en función de las condiciones del mercado para que los costes de las colocaciones no repercutan a los consumidores.

En el 2010, las primas a las renovables alcanzaron los 6.000 millones de euros. Esta subida de la tarifa se debe también en parte por los objetivos europeos mientras los carburantes se mueven según el mercado.

La subida de 9,8% en enero de 2011 - incremento de 11 c€/día - de la tarifa eléctrica TUR resulta de un pacto entre el Ministerio de Industria y las eléctricas para que estas últimas dejaran de reclamar en los tribunales el Real Decreto del carbón.

Por un lado, el Gobierno se comprometió a:

• Respectar la subida de la luz en la proporción que reflejarán los precios de energía
• Ampliar los límites del déficit tarifario
• Acelerar su colocación.

A cambio, las eléctricas retirarían sus recursos al decreto del carbón y asumirían una parte del recorte de gastos fijos para poder permitirle al Ejecutivo si no congelar, al menos suavizar, la revisión de los precios de la luz.

En esta ocasión, los pagos por capacidad - peajes - aumentan un 72% por las ayudas aprobadas para el consumo de carbón nacional – lo que supone ingresos adicionales para las eléctricas de 726 millones de euros al año. Esta subida afecta solamente a la parte no regulada del recibo, es decir, al coste de la materia prima.

Según el gráfico anterior, entre enero de 2010 y enero de 2011, el recibo de la luz ha subido 17% de forma acumulada, todo un récord anual en España. En términos corrientes (sin tener en cuenta la inflación), el recibo eléctrico se incrementó en un 60% respecto al 2003.

- Energías renovables en caída

El reciente Real Decreto ‘del carbón’ limita – sin carácter retroactivo - la producción de energía de origen fotovoltaico - limitando las horas de producción anuales a las que resulta aplicable la tarifa fotovoltaica o prima por la producción de MWh. Todo lo que exceda de esa cantidad habrá de venderse a precio de mercado, muy inferior.

Esta situación asfixia la capacidad de financiación de las empresas, reduce su valor en bolsa, haciéndolas más vulnerables, y es un intento de ocultar a los consumidores un incremento futuro de los precios de la electricidad.

Por un lado, parte del alivio del déficit tarifario se vincula a la altísima producción eléctrica de las centrales de fuente renovables; es decir, a las favorables condiciones climatológicas. Por otro lado, estas condiciones climatológicas provocan una situación desfavorable en cuanto al déficit; la legislación que permite este efecto parece contradictoria.

Liberalización de los mercados domésticos

Desde la desaparición de las tarifas integrales y la creación de la tarifa de último recurso TUR, ésta última está concebida como un elemento de protección para clientes con muy poco consumo (inferior de 3 kW).

Desde julio de 2009 el Gobierno abrió el camino de la liberalización del mercado eléctrico. En esa fecha, todos aquellos clientes que tuvieran un contrato de 10 kW de potencia o más, debían abandonar las tarifas reguladas y acogerse a alguna de las ofertas de libre mercado que ofrecían las eléctricas. Esa posibilidad existía desde hace años pero el traspaso de un contrato otro no era obligatorio.

Si un usuario se adhiere a una potencia contratada mayor de 10 kW y sigue en la tarifa regulada, sufre recargos de hasta el 20% en el recibo de luz!

La liberalización del mercado eléctrico apenas ha llegado a los pequeños consumidores. Un 93% de clientes pertenecen al segmento de la baja tensión con una potencia contratada de menos de 10 kW. En este apartado, la liberalización es irrisoria. De ellos, el 10% ha decidido acogerse a las ofertas eléctricas.

Si la potencia eléctrica es inferior a 10kW, el umbral bajo el cual tiene derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) conlleva a un ahorro minúsculo. No obstante, los euros que se ganan son pocos si se decide optar por el mercado (entre 7 y 35 €/año de consumo medio). Cualquier cliente puede volver a la tarifa regulada o cambiar a otra eléctrica.

Existen, pues, pocas ofertas del mercado liberalizado que puedan competir en precio con la TUR si bien el cálculo de esta tarifa regulada permite afirmar que responde a un mecanismo transparente.

Todo gobierno puede afectar tanto a la parte regulada de la TUR, la cual está compuesta por:

• Peajes – pagos por capacidad
• Transporte desde las centrales hasta los centros de distribución
• Transporte desde los centros de distribución hasta las viviendas
• Primas de las energía renovables
• Incentivos a las modernas centrales de gas natural
• Incentivos a la disponibilidad de las centrales
• Pago del déficit de tarifa.
• Factor de apuntamiento
• Otros ajustes técnicos (Reequilibrio en horas punta y valle)

Pero también al valor de la parte que llaman el ‘término de energía’  - resultado automático del coste de las materias primas sujetas a la evolución en los mercados -, que representa cerca de la mitad de la factura. Para aumentar la competencia, se requiere que los precios de referencia regulados desaparezcan.

Otra carga indirecta en la factura eléctrica es la financiación de las partidas ajenas al consumo eléctrico tales como el bono social (congelación tarifaria para determinados consumidores con potencia contratada menor de 3 kW, debiendo ser financiado por determinadas empresas eléctricas hasta junio 2013) , los planes de ahorro energético, la Comisión nacional de la Energía (CNE) o el operador del sistema (OMEL).

Importaciones de crudo [ene-jun 2010] (Miles de toneladas tpe)

Marco de regulación del mercado eléctrico

La mayor incertidumbre regulatoria es el desfase entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico, que es lo que ha creado el déficit de tarifa.

El último real decreto calculaba recortes en los 3 próximos años para la eólica (232 millones), la energía termosolar (891 millones) y la fotovoltaica (2.220 millones) para amortiguar los futuros aumentos de los costes regulados del sistema.

La habilitación que el Real Decreto da al Gobierno para modificar a futuro las horas estructurales introduce una inseguridad absoluta entre los productores del sector.

Con el Real Decreto, es probable que disminuyan considerablemente las inversiones debido a la inseguridad jurídica que impone y la limitación de producción.

Si los peajes de acceso, que cubren entre otras cosas el transporte y la distribución eléctrica, permanecen congelados, el déficit tarifario seguirá creciendo.

Para el mercado doméstico, con la actual volatilidad del mercado, una buena gestión de los instrumentos financieros puede suponer un ahorro del 20% de la factura por parte de las energéticas.

La gran asignatura pendiente es liberalizar el mercado doméstico y acabar con una ficción en la que la mayoría de los usuarios de la luz tiene tarifa regulada (TUR).

Es contradictorio que el déficit tarifario aumente cuando desciende el valor del pool eléctrico y viceversa. Esta incongruencia es indicativa de que los costes reales de producción están calculados deficientemente y debería corregirse la metodología de evaluación.

Los recientes cambios en el recibo de la luz, independientemente de ser adecuados o no, han dejado sin solucionar el principal problema del sistema recaudatorio español, que es la fórmula que se utiliza para el cálculo.

Con el actual modelo recaudatorio de la tarifa eléctrica, quienes soportan prácticamente en su totalidad los costes del sistema son los usuarios que consumen habitualmente, de modo que los que no consumen aportan al sistema unos importes ridículos, cuya diferencia con el importe que debieran pagar es financiado por el  resto de consumidores que sí consumen electricidad. Garantizar, por ejemplo, que las segundas residencias puedan tener luz en cualquier momento del año, supone un sobrecoste para quienes consumen electricidad día a día.

La indignación contra la subida media del 9,8% de llamada Tarifa de último Recurso (TUR) contrasta con la que se acepta que los carburantes registren máximos históricos – incremente de: 16,6% de la bombona de butano; 4,1% de gas natural en el mes de abril, 8,1% en julio de 2010 y 3,9% desde enero 2011; subida del IVA del 16% al 18%-.

El intrincado mecanismo de fijación de los precios eléctricos, la complejidad de las fórmulas utilizadas y la coexistencia imposible de mercado libre y la intervención gubernamental en la configuración final de la tarifa, abonan el terreno para la demagogia.

Un sector eléctrico mejor asistido de estabilidad normativa, optimizará sus rendimientos y verá más satisfecha su demanda de ahorro para subvenir a sus propias necesidades. Financiando nuevos proyectos y mejoras técnicas, además de cubrir los costes de las amortizaciones.

Según ENDESA, una tasa sobre los hidrocarburos para pagar las ayudas a las renovables permitiría una reducción del 25% de las tarifas de acceso y se acabaría inmediatamente con el déficit energético, a cambio de una subida mínima de los productos petrolíferos y el gas.

- Posibles soluciones

La solución al déficit tarifario pasa por acabar con las condiciones que lo generan. Una creación de nuevos impuestos introduciría en el mercado eléctrico mayorista, donde la intervención en los precios ya resulta muy elevada, más distorsión en su funcionamiento; y junto a ello, supondría incrementar la ya muy elevada perturbación que se produce en los precios actuales.

Se necesita un sistema de cálculo que refleje mejor la evolución de los precios de las materias primas energéticas en los mercados internacionales, y para evitar sospecha de manipulación.

Un nuevo modelo del sistema recaudatorio español – fórmula que se utiliza para el cálculo de la tarifa eléctrica -, basado en la asignación del uso que hagan de la potencia contratada, definiría un marco más racional y abarataría la electricidad para el consumidor habitual.

* AERCE – Asociación Española de profesionales de compras, contratación y aprovisionamientos - propone un nuevo marco regulatorio que modifique el modelo recaudatorio por segmentos de consumidores, que tenga en cuenta la capacidad del sistema contratado por ellos y el uso que de la misma hace. Así, pagarían más quién no utiliza la capacidad que tiene a su disposición, y menos quien utiliza habitualmente la capacidad que tiene contratada.

Esto supondría un abaratamiento de las tarifas para aquellos consumidores que efectivamente utilizan el sistema, como las industrias, hospitales, transportes ferroviarios, viviendas habituales, etc.; es decir, los consumidores normales, y encarecería las tarifas a aquellos consumidores que mantiene sus instalaciones eléctricas ociosas, eso sí, con plena disponibilidad a cualquier hora del año, lo que supone que los sobrecostes derivados de esta situación sean pagados por el resto de los consumidores.

Garantizar que los costes eléctricos no se conviertan en un freno a la recuperación de la economía. Por ello, mientras persista el déficit de tarifa, introducir una suspensión temporal en la instalación de nuevas plantas de producción eléctricas que requieran de apoyos fuera de mercado. Después, establecer para las nuevas instalaciones calendarios, conocidos a priori, de desaparición paulatina de los apoyos fuera de mercado, incentivando así el propio proceso de convergencia en costes. Finalmente, asegurar que en el futuro los costes regulados del sistema eléctrico, y que afrontan todos los consumidores, sólo aporten los apoyos del ‘Régimen Especial’ derivados de los objetivos nacionales de instalación de nueva potencia, cubriéndose el exceso con los presupuestos de aquellas Comunidades Autónomas que excedan en el objetivo nacional total.

Se debería tener en cuenta las características específicas de cada tecnología y su contribución a la generación del déficit que se pretende eliminar. Un Gobierno que asegure una legislación específica para cada tecnología, que aportase seguridad legislativa y que esta sea suficientemente duradera para ofrecer confianza en los inversores.

Los marcos políticos y normativos que se instauren en los próximos años a nivel nacional y mundial determinarán que las decisiones de inversión y de consumo se orienten hacia opciones de eficiencia y baja emisión de carbono.

Mientras no se realice una verdadera reforma de la regulación, los precios del mercado eléctrico encarecerán.